Los sectores regulados son muy tentadores porque de alguna forma el cliente está obligado a comprar.
Por ejemplo, existe una regulación que obliga a los pisos a tener un “certificado energético”. Podemos montar una empresa que emita estos certificados y llamar a los clientes. Están obligados a usarlo y por tanto tendrán que comprarlo a nosotros o a otra empresa.
Pero existe la trampa que el gobierno cambie las leyes y te obligue a cambiar tu negocio.
Hace poco en España se hizo una ley para permitir la FP a distancia. La FP es la Formación Profesional y permite obtener titulaciones profesionales (lo que se llama oficios) en una formación a distancia.
Ahora el Gobierno ha decidido que esa formación online, tenga que tener entre un 15% y un 39% de presencialidad.
Estos giros de timón no es que hagan tu negocio más complejo (se podría pensar que el gobierno para garantizar la calidad pida ciertos controles o pida certificaciones), pero no, se carga el modelo de “online” a “offline”.
Estas cosas demuestran que los gobernantes y burócratas tienen una nula sensibilidad por los empresarios y en lugar de buscar medidas que, garantizando la calidad, no anulen el modelo de negocio que la regulación pemitía.
El caso de transformar la formación online en offline es como regular que la tortilla de patatas a partir de ahora no pueda llevar patatas. Deja de ser ese plato y se convierte en otra cosa.
Trabajar en sectores regulados al calor de nuevas leyes, tiene muchos peligros y especialmente en España dónde los reguladores tienen una afición al cambio de timón muy compulsiva.
Para ver el impacto negativo de los cambios regulatorios, compartimos más ejemplos:
1. Educación EdTech y FP Online (Normativa de presencialidad y ratios)
- El cambio normativo: El Ministerio de Educación introduce la exigencia de incluir entre un 15% y un 39% de presencialidad en la FP online, reduciendo además los límites de alumnos por profesor y fijando nuevos requisitos de plantilla e instalaciones para centros privados.
- El impacto en el sector: Rompe el modelo de negocio escalable (marginal cost zero) de las EdTech y academias virtuales. Negocios diseñados para atender a miles de estudiantes en formato 100% digital se ven forzados a alquilar/comprar infraestructuras físicas en múltiples provincias, contratar personal presencial y rediseñar su logística operativa, lo que encarece sustancialmente sus costes fijos y reduce drásticamente el margen operacional.
2. Plataformas de Reparto y Delivery (Ley Rider)
- El cambio normativo: Presunción de laboralidad para los repartidores (riders) y la obligación de otorgar transparencia o información algorítmica sobre cómo se asignan pedidos o valoraciones.
- El impacto en el sector: Cambió las reglas del juego de la gig economy. Empresas que operaban con modelos ligeros de contratación independiente tuvieron que asumir de golpe la cotización e integración de miles de empleados directos en plantilla. El resultado directo fue la reestructuración del mercado, el encarecimiento de la logística de última milla e incluso la salida de España de actores globales como Deliveroo, incapaces de sostener los costes unitarios bajo la nueva ley.
3. VTC y Transporte Urbano (Decreto Ábalos y restricciones de precontratación)
- El cambio normativo: La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos derivó en restricciones severas para los vehículos de transporte con conductor (VTC), exigiendo tiempos mínimos de precontratación (p. ej., esperar 15 a 30 minutos antes de poder realizar el trayecto) y la prohibición de captación en vía pública o geolocalización previa por app.
- El impacto en el sector: La incertidumbre regulatoria destruyó el valor de miles de licencias VTC y mermó la inversión de plataformas tecnológicas (Uber, Cabify). Las empresas vieron mutilada su propuesta de valor diferencial (inmediatez y disponibilidad en tiempo real), enfrentando de manera recurrente litigios administrativos y cambios de reglas según el municipio.
4. Sector Inmobiliario y Vivienda (Ley de Vivienda y topes de alquiler)
- El cambio normativo: Introducción de topes al incremento de las rentas de alquiler, declaración de “zonas tensionadas”, prórrogas extraordinarias de contratos y mayores trabas procedimentales ante desahucios u impagos.
- El impacto en el sector: La inestabilidad regulatoria afectó el rendimiento de SOCIMIs, fondos de inversión y gestores de patrimonio inmobiliario. La consecuencia inmediata fue el retraimiento de la oferta de alquiler permanente hacia alternativas menos reguladas (como el alquiler de temporada o de habitaciones), encareciendo la gestión operativa y alterando los planes financieros preexistentes.
5. Sector Energético y Renovables (Impuestos extraordinarios)
- El cambio normativo: La implantación del gravamen temporal y extraordinario sobre los ingresos (no sobre los beneficios) de las grandes operadoras energéticas, sumado a los continuos reajustes en la subasta de renovables o los límites a los beneficios del gas (top al gas).
- El impacto en el sector: Genera un elevado riesgo de “seguridad jurídica”. Cuando la regulación modifica la rentabilidad esperada de activos con ciclos de amortización de 20 a 30 años (como parques eólicos o fotovoltaicos), las grandes compañías acaban paralizando o congelando sus planes de inversión proyectados para reubicarlos en jurisdicciones con reglas del juego más estables.
6. Trabajo Temporal y Hostelería/Agrario (Reforma Laboral y supresión de contratos por obra o servicio)
- El cambio normativo: Eliminación del contrato por obra o servicio determinado, restringiendo los contratos temporales únicamente a circunstancias de la producción muy específicas y fomentando el contrato fijo-discontinuo.
- El impacto en el sector: Actividades con alta estacionalidad impredecible (como eventos, recolección agrícola o picos turísticos) sufrieron una rigidez considerable en sus plantillas. Las empresas deben asumir costes de gestión y liquidación mucho más elevados, sumado a la inseguridad en la aplicación reglamentaria del trabajador fijo-discontinuo.